Los españoles viven en una sociedad en la que se mastica la manipulación de los medios día tras día. Hace unos años quizás esta afirmación hubiera quedado en entredicho pero, actualmente, este uso de la información a “beneficio de” se ha convertido en una rutina cuyo grado de sorpresa va disminuyendo, por no decir que es casi nulo. Existen tantos entornos como medios de comunicación y estrategias pero, sin duda, una de las que más afectan al ciudadano por su direccionalidad y relación es la manipulación política en todo su esplendor. Los políticos han de creerse dueños del destino de los españoles porque miden cada detalle para conseguir un voto desviando atenciones por encima de todo, lo que vulgarmente se llama “vender tu alma al diablo”. La política debería ser una plataforma de comunicación fiable para los ciudadanos que, por el contrario, ya temen cualquier acción líder.

 

Sin embargo, los medios de comunicación comienzan a darse cuenta de esa desinformación existente en un país rico en toda clase de recursos y, en estos últimos, también se hace referencia a sus habitantes. Por ello, en este ámbito los medios hacen una buena labor destapando aquellos tapujos que miramos sin pudor confiando plenamente en aquellos que por definición deberían estar cuidando de lo nuestro y, lo que es más importante, de nosotros. En consecuencia, a los españoles, que llevan haciéndose los despreocupados bastante tiempo, les empieza a picar el gusanillo de saber sin medida. Ya no miran las cosas por mirarlas ahora las miran y las ven y saben lo que están viendo.

 

Todo este manojo de declaraciones en su medida controladas se pretende resolver en la nueva Ley de Transparencia propuesta y llevada a cabo por el gobierno actual del Partido Popular. Ley, que ha de decirse, formaba parte de sus propuestas electorales y que, al fin, parece haber hallado su momento y lugar e, incluso, se podría decir que llega para quedarse. Una ley que favorecerá a muchos y desfavorecerá a muchos otros, quizás a más de los segundos. Llegados a este punto y revisando datos tan relevantes como que el 95% de los países contemplan esta ley en su estatuto desde hace años queda la eterna pregunta de: ¿Por qué los españoles seguimos una vez más en la cola? Cuestión que puede tener diversas acepciones positivas para unos, aquellos que suelen chupar del bote, y negativas para otros, los ciudadanos que más que chupar tragan sin respirar lo que a algunos les conviene.

 

A pesar de su notable tardanza, la Ley de la Transparencia y el Buen Gobierno ya está aquí. Lo más importante es que tanto los periodistas y medios de comunicación y los españoles ya no tendrán que hablar con supuestos al referirse a la Administración Pública y conocerán algo que es esencial para la confianza entre unos y otros; adónde va el dinero que tanto cuesta obtener y que desaparece sin piedad una vez llega a manos de la famosa élite.

 

No obstante, conforme la nueva ley comience a aplicarse será cuando se compruebe la realidad que augura; esa información gratuita para todo aquel que la solicite y esa idílica “transparencia”. Y dentro de ella, se descubrirá hasta qué punto se tratará esa nitidez. Todo se remite a un ejercicio de confianza por parte de los españoles y al reto de los políticos de que la recién nacida no se curta de manipulación yacente y cuyos cimientos sean la claridad y la lucidez, que no tejan a su antojo una sociedad cuyo único anhelo es vivir en una España sin segundas.

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